30 Oct

Los últimos meses han estado agitados para la jerarquía de la Iglesia católica chilena. Los abusos sexuales en contra de menores cometidos por el sacerdote Fernando Karadima, los correos electrónicos entre el cardenal Ricardo Ezzati y su antecesor el cardenal Errázuriz, evidenciando su acuerdo para impedir el nombramiento de Felipe Berríos como capellán de La Moneda, o el cuestionado nombramiento de Juan Barros como obispo de Osorno, han sembrado una estela de desconfianza que alentó las manifestaciones de repudio social por el actuar de la curia católica.

Esta Iglesia en nuestro país, históricamente, ha tenido un papel muy influyente en la toma de decisiones de las autoridades públicas, merced a que logró cultivar estrechos lazos con algunos partidos políticos que han visto en su doctrina un ejemplo a seguir.

Tal influencia también existe en las FF.AA., al punto que el obispo general castrense tiene un rango superior al de un obispo diocesano, que depende directamente del propio Vaticano.

En una sociedad conservadora como la nuestra, que la imagen de la Iglesia católica se vea dañada por hechos deleznables provoca incomodidad en los grupos de poder local, especialmente los gobiernos de turno, el poder político y en ciertos segmentos etarios. Peor aún si, aunque se define al Estado como laico, ciertas ceremonias religiosas reciben un ambiguo carácter republicano de parte de las autoridades políticas que hacen dudar de tal afirmación.

Una parte importante de la Iglesia católica chilena, además, convive con el poder empresarial, lo que distorsiona su prédica de estricto apego al que más sufre. Y es común percibir su preocupación en la riqueza y en la ostentación, por sobre la idea de una Iglesia para los pobres y con los pobres.

El caso más emblemático es la Parroquia de El Bosque, epicentro del trabajo sacerdotal del cura Karadima, quien desarrolló una cercanía con una de las familias más influyentes de Chile, la familia Matte, y cuyo pater familias llegó a abogar por la inocencia del sacerdote con el mismísimo Fiscal Nacional de entonces, Sabás Chahuán.

Como dato adicional, la encuesta de un medio de comunicación impreso de carácter nacional dio como resultado que el 88 % de los entrevistados consideró que la Iglesia católica ha ocultado información sobre delitos de connotación sexual cometidos por miembros de ejercicio sacerdotal, eclesiástico o pertenecientes a órdenes religiosas.

La crisis de la Iglesia católica chilena no es solo valórica y moral. Es también una crisis de su ideario social. La Iglesia Católica irrumpió de lleno en el negocio de la educación en Chile, avalando un modelo de mercantilización educacional severamente cuestionado, pero que para sus intereses era funcional a la construcción de redes con el poder económico y de afianzamiento de su influencia política. El caso paradigmático es el de los Legionarios de Cristo.

Esta postura, enfrentada al resurgimiento de la idea de un Estado de bienestar con derechos sociales por sobre una sociedad mercantilizada y abusadora, hizo que la doctrina social de la Iglesia se fundiera con la acción política progresista y perdiera su primacía doctrinaria. Ello significó que el catolicismo empezara a perder feligreses desde 1930 del siglo pasado en adelante, acentuándose el fenómeno aún más desde 1995 hasta la fecha. En ese año, los chilenos que se sentían cercanos a la Iglesia rondaban el 74%, cifra que hoy llega solo al 57%. Más aún, la mayor concentración de entre los que se declaran católicos se da en el segmento social alto: 82%.

Es posible que esto esté influido por las posiciones valóricas sostenidas por la Iglesia católica, que aparecen fuertemente regresivas en materias de salud de la mujer, educación y derecho de familia, temas en que las clases altas son más conservadoras. Y que haga retroceder a la Iglesia católica en los sectores populares, y cree las condiciones para el Ingreso de Iglesias de distinto signo evangélico.

Los casos de figuras carismáticas vinculadas a la Iglesia Católica que motivan a integrarse a sus filas y continuar con acciones sociales son escasos, salvo excepciones como las de Felipe Berríos o Mariano Puga.

Este es otro factor de crisis que vive la Iglesia Católica, la de sus figuras públicas, puesto que ya no se encuentran curas como Pierre Dubois, Antonio Llidó, José Aldunate, André Jarlan, Juan Alsina y otros más, que adquirieron notoriedad en los tiempos más difíciles de la dictadura militar. Había en ellos un sentido de misión social que aún repercute en la valoración de la Iglesia Católica como institución social.

Estar del lado del poderoso resulta cómodo en un sistema político y social que vuelve invisible la pobreza y que homogeneiza a la sociedad en el consumo, que segrega y excluye. Esa es una tensión evidente que está viviendo la Iglesia católica, porque si bien su misión, en el Nombre del Padre, parece estar en todas partes, es evidente que el valor igualitario de su doctrina social es un fuerte motor de cambio para los más desposeídos de cualquier sociedad.

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